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Andrés López Martínez


Antenas de telefonía móvil


La sociedad occidental, no se acaba de acostumbrar a vivir sin el afecto y calor que la cercanía de los miembros de las familias en el Siglo XIX y XX aportaban, especialmente al ámbito hogareño. Todos necesitamos del afecto y calor materno y paterno, que no del mimo ni del halago. Pero el ritmo de vida que nos hemos autoimpuesto, determina que la familia sea cada vez más escueta, más fría.
Y esa frialdad, parece como si se compensase por medio del ambiente dejado crear por falta de una debida articulación de los conocimientos disponibles sobre la materia. Los ayuntamientos no han sido capaces de transmitir transparencia del contenido de los documentos obrantes en los expedientes de licencia de funcionamiento de las antenas de telefonía móvil y de las líneas de alta tensión y de sus transformadores.
Es más dañino el miedo ambiental mantenido artificialmente por la pasividad municipal, que la realidad por documentar. Siempre el silencio castiga al responsable institucional, y en este caso, la falta de información y transparencia del contenido de los expedientes administrativos, evidencia que los titulares de las potestades administrativas son cómplices en la creación de fantasmas, como si algo tuvieran que ocultar.
Es una realidad del pensamiento social, la vivencia ciudadana de que son muy escasos los actores dedicados a la vida pública que transmiten, que comunican. Unos duermen a sus auditorios, otros le hacen bostezar, y la mayoría se pierden en recorridos discursivos circulares, que permiten al sacrificado oyente el poder echar una y hasta tres dormidas, sin haberse perdido nada. Y todo ello cuando se muestran públicamente.
Pero es lo cierto que un importe volumen y calidad, la gestión institucional es realizada por empleados municipales, en los que es muy difícil discernir para el ciudadano usuario de los servicios municipales, si efectivamente concurren los elementos necesarios para resolver adecuadamente sus expedientes, con imparcialidad e independencia y objetividad. Pues a veces hasta es posible que estén tan afectados por los efectos de las antenas de telefonía móvil que les impide autocontrolar su propia obligación de abstenerse en la resolución de los expedientes administrativos. Es verdad que algunas normas jurídicas potencian usos sociales que dificultan el control de la abstención de los funcionarios, así ¿cómo probar la relación afectiva no matrimonial?.
La necesaria potenciación de la afectividad, especialmente mediante normas que favorezcan la transparencia de los vínculos afectivos y familiares, no está viviendo sus mejores momentos. Como si las frecuencias de la telefonía móvil y los campos electromagnéticos suplieran el calor humano familiar y afectivo.
Nadie menciona, el importante avance social que supuso la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 1870. Estamos llegando al absurdo, de potenciar formulas sucedáneas de documentar la relación afectiva retrotrayéndonos a la Edad Media. Se incorporan elementos cercanos al libertinaje, que hace a los hombres y mujeres más frágiles. El Registro Civil, fue y es una conquista del ciudadano, no debiéramos permitir que las relaciones personales dejasen de documentarse en sus asientos, ya que de su realización y cumplimiento se benefician especialmente los más débiles. Y los más débiles, siempre son los menores y los ancianos.
Y de igual manera que es necesaria la documentación de las relaciones personales, es necesaria que se documenten las instalaciones de telefonía móvil, los transformadores y las líneas de alta tensión. Porque del conocimiento de lo instalado podremos inferir el grado de afectación a la salud psíquica y física. Los ciudadanos de Albacete, nunca perdonaran la falta de documentación de los expedientes referidos, incluso el funcionamiento de las instalaciones sin la preceptiva licencia. Pues los responsables políticos que han permitido el funcionamiento de las mismas, han transmitido miedo. Miedo porque al no querer tomar la decisión de otorgar la Licencia o de acordar el cese de la actividad y retirada de la instalación, evidencian el no querer responsabilizarse de lo que les compete. Y esa falta de personalidad, esa carencia de determinación, si la percibe el vecino. Porque todos los albaceteños quieren, antenas de telefonía móvil con licencia municipal , con respeto y cumplimiento de las ordenanzas municipales. Y que nadie olvide que el principio de autonomía local, permite en uso de la misma, que los ayuntamientos sean más explícitos que la norma general, pues ello no significa creación nueva y distinta de la pemitida.



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Andrés López Martínez


Documentar el presente


Siempre gustó a los humanos, el contar su pasado, incluso el de sus progenitores. No siempre fue fácil. A veces se tapó en exceso, se miraba en primera persona, y demasiadas servidumbre no gustaban a la condición humana. Estudiar Historia, permite revivir el pasado documentado y el pasado ocultado. A veces se puede inferir por los hechos excesivamente difundidos, los hechos reales silenciados.
Documentar el presente no es fácil, o por lo menos es difícil encontrar estudiosos que mantengan un grado importante de objetividad ante la cercanía y presencia de los hechos. Incluso a veces, se es más objetivo diseñando la documentación del pasado histórico, que relatando la sangre latiendo de nuestros días.
Tienen que haber pasado cincuenta años por lo menos, para que tengamos perspectiva para enjuiciar y valorar objetivamente a los responsables de las decisiones trascendentes que marcan a la sociedad.
Pero seguramente no hace falta que pasen cincuenta años para enjuiciar a los titulares de las instituciones que encauzan el poder, por las acciones que no han tomado. Es más fácil y cómodo valorar lo que no se hace que lo que se hace. Es más fácil enjuiciar al médico que no receta o aplica tratamiento alguna que al profesional que aplica tratamiento incorrecto o inadecuado. Es más fácil detectar la pasividad administrativa que la desviación de poder o el uso torticero del derecho. Es muy sonoro el ver si el concejal delegado de área aplica medidas contra la contaminación acústica o es cómplice con el maltrato acústico. Es visual la verificación de la anchura de los viales urbanos, si es conforme a las protocolos de planeamiento que se estudian en las Escuelas Superiores de Arquitectura o por el contrario se parecen demasiado a las calles toledanas del medievo en las que no podía caminar una caballería con serón. Igual de visual que las curvas de la vía aparentemente urbana que circunda la finca rústica del presuntuoso local.
Insisto, es más fácil verificar lo que no se hace que lo que se realiza. Y ello determina que la ciudadanía pueda sentir, y palpar que se modula su vida económica por la pasividad de los que dicen representarle. Porque el PUEBLO no quiere ser gobernado por las aparatosas fuerzas vivas, quiere que las decisiones las tomen los representantes legalmente elegidos en urnas. Y los integrantes de las presuntuosas fuerzas vivas lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones enarbolando sus propuestas para que los electores las puedan tomar en consideración. Pero jamás se debe permitir, que gobierne una ciudad un conjunto de parroquianos que no han concurrido al proceso electoral.
¿Pero, y si en realidad han concurrido al proceso electoral con candidato financiado? , ¿Cómo podemos verificar la verdad de un candidato?. Desde luego si no paga sus impuestos en la circunscripción electoral en la que concurren como elegible, el estudio se complica muchísimo. Por ello se debería incorporar en la Ley electoral general, precepto que exigiese que los candidatos deben presentar junto con la instancia para participar en el proceso electoral, la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los últimos cinco años, en los que figure como domicilio el correspondiente a municipio perteneciente a dicha circunscripción.
Porque esa es la verdadera documentación del presente, el contenido de la cartera declarada a Hacienda los últimos cinco años. El nivel de abstencionismo ha alcanzado cuotas excesiva que debiera hacer reflexionar a la mayoría de los representantes legítimos del pueblo español, y permitir que se adopten decisiones urgente para incentivar la participación. No podemos tener dirigentes políticos que ignoran que la soberanía reside en el pueblo español. Y por desgracia así ocurre en porcentaje superior al que la sociedad puede consentir. No se debe tolerar que las ordenanzas municipales establezcan una distancia mínima entre establecimiento con actividad musical. Y sólo sirva para que los visitantes de la página web del ayuntamiento puedan hacer referencia solo documental a la existencia de semejante apariencia. Las ciudades están saturadas de maltrato acústico, y el encargado de aplicar y diseñar la medicina no puede mirar para otro lado. Sólo puede asumir sus responsabilidades o dimitir.
Porque si le impide al enfermo curarse, y tampoco dimite, está documentando un presente muy sonoro, muy ilícito, muy dañino para el ciudadano enfermo, para el discapacitado, para la entrañable anciana.


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Andrés López Martínez


Albacete tierra de ensueño


La ciudad de Albacete, es la población más calida que se puede elegir para vivir en el territorio peninsular. Es muy rentable para los funcionarios, que con salarios fijos, les permite tener un nivel de vida superior al que tendrían en ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona, incluso que Alicante y Murcia.
La cercanía al litoral levantino, se ha acentuado con la autovía a Alicante y a Murcia. Lo que permite disfrutar de las calidas aguas del mediterráneo, sin tener que sufrir los sobrecostes del excesivo precio de los alimentos y vestimenta imprescindibles.
Pero no sólo están encantados los funcionarios con vivir en la ciudad de Albacete, sino que algunos dirigentes políticos son superfelices paseando los fines de semana por la playa de San Juan de Alicante, por la Manga del Mar Menor, y hasta incluso por Gandia y hasta en el litoral de Castellón.
Al final, resulta que existen dos Albacetes, el de los que coinciden también en los fines de semana en la Playa, y el Albacete que se ha hecho a la medida de una ciudad entrañable para vivirla sobre todo los fines de semana.
Y es importante, que tengamos presente, que el noventa y dos por ciento de la población de Albacete no es funcionario. Porque pudiera olvidarse que una minoría está determinando el destino de una mayoría silenciosa.
Son elementos decisivos para tamaño abuso de posición dominante, la falta de legislación que impida vivir de los cargos públicos de forma continuada durante más de ocho años. Y sobre todo la existencia de excesivos privilegios a los funcionarios que deciden dedicarse a regentar instituciones o pertenecer a sus órganos colegiados, incluso como oposición. Incluso algún empresario mantiene abiertamente que sólo se pueden dedicar a la política los funcionarios.
Debemos ser conscientes que en el Reino de España, la movilidad geográfica voluntaria es muy escasa. O dicho de otro modo, que el español es muy conservador, que le teme al riesgo, todavía suena la figura que fue real, del denominado conserje de oro, que con un patrimonio superior a los diez millones de euros, seguía siendo conserje porque su madre lo había impuesto hasta en el testamento para que fuese heredero. Existen funcionarios, exclusivamente porque la madre les ha dicho con insistencia y persistencia que sean funcionarios, que de esa manera garantizan el puchero diario. Y en aumentar los derechos y prebendas ha contribuido desmesuradamente el hecho incuestionable, de que la minoría, la de los funcionarios copan los puestos en las instituciones, y de forma similar tanto los que tienen que hacer labores de gobierno como de oposición.
Es muy difícil cambiar el sistema, tan difícil que los mismos funcionarios ven fantasmas cuando se les cuestiona. Pero ese abuso de la posición de dominio tiene unos límites que la sociedad debe acotar. No es que se deban modular las productividades sin cobertura legal, es que deben suprimirse totalmente. Y para ello, es hora de que desde la sociedad civil se reaccione, incluso desde los colegios profesionales. No es de recibo, que se consienta que los técnicos municipales proyecten y supervisen sus propios proyectos en virtud del espurio sustento del presunto ahorro que para las arcas municipales representa, el no tener que pagar la realización de esos proyectos a arquitectos de la calle.
Con ello se está eliminando uno de los pilares de la eficacia, pues la mayor rentabilidad se obtiene gracias a la supervisión, sin que ello suponga ni permita ningún otro tipo consideración. Los proyectos técnicos igual que los jurídicos, tienen mayor rigor y resultan más rentables en eficiencia, si son supervisados de verdad por terceras personas, especialmente cualificadas. Y esa es la razón y justificación de los puestos de trabajo dedicados a técnicos municipales que existen en las administraciones públicas ocupados por técnicos.
Es difícil, insisto, que la sociedad civil salga del letargo en que se encuentra, pero si verdaderamente queremos que nuestros nietos tenga la impresión de que sus abuelos se han sacrificado por la sociedad que dejaban para sus sucesores, debemos plantear abiertamente que no es tiempo de dudas. Es tiempo de que se instaure los mandatos de ocho años con descansos de por lo menos otros ocho para oxigenar las visceralidades. Y que la dedicación a la muy noble función política no permita la reserva de puesto de trabajo ni el ascenso. No pudiendo los titulares de los puestos de trabajo dedicados a la función pública adquirir derechos por encima de los contemplados en las leyes aunque se los regalen. Pues dicha acción debiera estar sometida al derecho penal. Esos elementos marcan el futuro de las conquistas sociales, y parece de momento que la sociedad civil no quiere verlos.



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